Fuente: Caracol 12/03/2007 - 12:18:00
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una millonaria indemnización, por no haber suministrado protección especial a un profesor que fue asesinado luego de recibir insistentes amenazas contra su vida por parte de las Farc, en Algeciras, Huila.
El Alto Tribunal determinó que el Ministerio de Educación y el departamento del Huila son administrativamente responsables de la muerte de José Ignacio Vargas, porque no tuvieron en cuenta sus denuncias, acerca de las constantes intimidaciones que recibió durante cuatro meses por parte de integrantes de las Farc.
La Sección Tercera del Consejo de Estado sentenció que œno se hicieron las gestiones suficientes para efectuar el traslado de José Ignacio Vargas, para que trabajara en otro municipio del Huila.
El Ministerio de Educación y el departamento del Huila tendrán que pagar cerca de 211 millones de pesos a la esposa y a los cuatro hijos del coordinador José Ignacio Vargas, por los daños materiales y morales ocasionados con su muerte.
Los hechos ocurrieron a finales de 1990 y a comienzos de 1991, cuando todos los docentes del colegio Juan XXIII de Algeciras, Huila, fueron amenazados por parte de las Farc, al parecer en complicidad con un estudiante del centro educativo.
El señor José Ignacio Vargas fue inicialmente amenazado el 30 de noviembre de 1990, cuando recibió un sufragio en su vivienda. Dos días después, fue víctima de una fuerte agresión física y verbal al frente de su residencia.
Luego de estas situaciones, el docente se dirigió a la Secretaría de Educación y a la Personería de Algeciras, a la Policía del Huila, al DAS y a la Procuraduría Departamental, pidiendo protección especial.
La sentencia agrega que a pesar de la denuncia, el profesor no fue trasladado a otro municipio, ni recibió protección especial de las autoridades, facilitando su asesinato, cometido en marzo de 1991 por un comando de las Farc.
El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de una millonaria indemnización, por no haber suministrado protección especial a un profesor que fue asesinado luego de recibir insistentes amenazas contra su vida por parte de las Farc, en Algeciras, Huila.
El Alto Tribunal determinó que el Ministerio de Educación y el departamento del Huila son administrativamente responsables de la muerte de José Ignacio Vargas, porque no tuvieron en cuenta sus denuncias, acerca de las constantes intimidaciones que recibió durante cuatro meses por parte de integrantes de las Farc.
La Sección Tercera del Consejo de Estado sentenció que œno se hicieron las gestiones suficientes para efectuar el traslado de José Ignacio Vargas, para que trabajara en otro municipio del Huila.
El Ministerio de Educación y el departamento del Huila tendrán que pagar cerca de 211 millones de pesos a la esposa y a los cuatro hijos del coordinador José Ignacio Vargas, por los daños materiales y morales ocasionados con su muerte.
Los hechos ocurrieron a finales de 1990 y a comienzos de 1991, cuando todos los docentes del colegio Juan XXIII de Algeciras, Huila, fueron amenazados por parte de las Farc, al parecer en complicidad con un estudiante del centro educativo.
El señor José Ignacio Vargas fue inicialmente amenazado el 30 de noviembre de 1990, cuando recibió un sufragio en su vivienda. Dos días después, fue víctima de una fuerte agresión física y verbal al frente de su residencia.
Luego de estas situaciones, el docente se dirigió a la Secretaría de Educación y a la Personería de Algeciras, a la Policía del Huila, al DAS y a la Procuraduría Departamental, pidiendo protección especial.
La sentencia agrega que a pesar de la denuncia, el profesor no fue trasladado a otro municipio, ni recibió protección especial de las autoridades, facilitando su asesinato, cometido en marzo de 1991 por un comando de las Farc.
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